Intervención en defensa a la moción contra los desahucios

Esta moción aborda un tema muy delicado y vital para miles y miles de personas, miles y miles de familias que viven una situación extrema, desesperada.

El drama social ocasionado por los lanzamientos, como así se denominan los desahucios, de sus hogares de personas y familias que no pueden asumir el pago se sus cuotas hipotecarias por falta de ingresos suficientes, ingresos insuficientes o nulos en muchas ocasiones cuando se han agotado todo tipo de prestaciones y subsidios, cuando se ha perdido el empleo y su recuperación es improbable mientras se sigan imponiendo a los ciudadanos estas políticas neoliberales que están llevando, cuando no la han llevado ya de hecho a la miseria, a unos niveles de pobreza terroríficos, demostrando la verdadera naturaleza y consecuencias del capitalismo a ultranza dictado e impuesto a los gobiernos, sean estos de la tendencia que sean, da igual, por la oligarquía financiera a todos los niveles, haciéndonos creer mediante los voceros de turno incorporados en nómina en los medios de persuasión, que no de comunicación disfrazados de tertulianos al servicio del sistema que esto es el resultado de una crisis cuando en realidad de lo que se trata es de un robo premeditado, de una estafa diseñada por esos poderes insaciables de obtener beneficio de todo y de todos para una minoría, encima diciéndonos que tenemos los trabajadores, la mayoría de la ciudadanía, la culpa por haber vivido por encima de nuestras posibilidades y gastar en televisiones de plasma lo recibido en subsidios.......; como decía, este drama social ha alcanzado una dimensión y un dramatismo insoportables para la conciencia social y la convivencia democrática, con dramas personales y sociales inadmisibles en un Estado que aspira a ser Social, Democrático y de Derecho, y que han llevado no sólo a suicidios sino también a graves depresiones y enfermedades a miles de personas directamente afectadas y de sus familiares.

Hay que recordar, como se dice en la moción, según datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el conjunto del Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría superar la cifra de 500.000, medio millón de sueños rotos y esperanzas truncadas.

En la actualidad se estima que cada día hábil se están ejecutando alrededor de 500 lanzamientos de vivienda en toda España.

Se estima también, y esto quizá tenga tanta importancia o más que el propio desahucio, que en una media de 2-3 años antes de la fecha del lanzamiento, las personas, las familias sufren una degradación progresiva en su nivel de vida destinando ahorros, ayudas de familiares y amigos, todos los recursos de que puedan disponer, a seguir pagando la hipoteca. Y cuando llega la fecha es porque ya no tienen nada, absolutamente nada.

A las denuncias, protestas y propuestas de cambio que, desde hace años y con un amplísimo apoyo de la opinión ciudadana, vienen impulsando las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, o a las diversas iniciativas legislativas surgidas de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, hasta ahora rechazadas unas veces por el grupo parlamentario que apoya al gobierno de turno  y otras por la suma de los partidos mayoritarios (hasta en tres ocasiones en los últimos dos años), se han venido a añadir los mismos jueces, individualmente o a través de jueces decanos o de las propuestas presentadas por grupos de estudio al Consejo General del Poder Judicial, o de la Abogacía General de la Unión Europea. Todos van en el mismo sentido: reclamar que de forma urgente, se adopten medidas legislativas en el ámbito hipotecario, financiero y procesal, así como políticas sociales y de vivienda, que corrijan las injusticias patentes y escandalosas de los procedimientos sumarios hipotecarios, la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras, y que se garantice el derecho constitucional a una vivienda digna en todos los supuestos de desahucios por insolvencia de los residentes. Hasta policías y cerrajeros se niegan a participar en los desahucios.

Ya no hablo sólo de las propuestas de IU, que también, ésas mismas que han sido presentadas y rechazadas en el Parlamento. Quiero insistir en la postura de las PAH, que son quienes pese al desprecio e insultos que recibieron en su inicio, han conseguido hacer visibles a esas personas, a esas familias y sus problemas. Para éstas las medidas presentadas por el Gobierno en el reciente Decreto Ley para paliar el drama de los desahucios son insuficientes, discriminatorias y populistas. En primer lugar por las formas, por el manifiesto desprecio a la voz y a las propuestas de las personas afectadas que llevan años trabajando a través de las PAH en todo el Estado. Propuestas sencillas y efectivas, materializadas en una Iniciativa Legislativa Popular, avalada hasta la fecha por más de 600.000 firmas, de la cual tengo aquí impresos por si alguien no ha podido o no ha tenido tiempo de firmarla y quiere hacerlo. Aquí en Callosa se llevan recogidas casi 400 firmas, hemos aportado nuestro grano de arena, además de colaborar en la paralización de los desahucios de los que hemos tenido noticias.

Decía que las propuestas de las PAH plasmadas en esta ILP son sencillas. Básicamente se propone:

1º.- Una moratoria inmediata de todos los desahucios de vivienda de residencia habitual y deudores de buena fe.

2º.- Dación en pago retroactiva.

3º.- Alquiler social de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras.

En segundo lugar, respecto a la tan anunciada paralización durante dos años de los desahucios a los colectivos más vulnerable, les parece insuficiente y discriminatoria. Éste gobierno del PP “olvida” que la vivienda es una necesidad básica de todas las personas, y por lo tanto, colectivo vulnerable es todo aquél amenazado de desalojo de su vivienda de residencia; es inasumible una regulación con condiciones tan restrictivas porque deja fuera a la mayor parte de las personas afectadas. Por eso el Gobierno no se atreve a dar una estimación en cifras sobre la cantidad de personas que podrán acogerse a estas medidas. Dos dramáticos ejemplos: José Miguel de Granada y Amaia de Baracaldo. Ambos se quitaron la vida, víctimas del genocidio financiero. Ninguno de ellos se hubiera podido acoger a estas insuficientes medidas. Además, se desconoce qué ocurrirá después de la moratoria, pero lo que sí que es seguro es que se generará un aumento de la deuda puesto que los intereses no cesan.

En tercer lugar, respecto a la creación de un fondo social de viviendas de alquiler social, se denuncia la falta absoluta de información y transparencia y se teme que sea una nueva maniobra de maquillaje político, porque se prepara el mayor rescate a la banca a través del “banco malo”, la SAREB, una sociedad gestora de esos “activos tóxicos”, de los que tanto se habla, por parte de las entidades financieras que han recibido fondos públicos y cuyos accionistas serán el FROB e inversores privados. Esta entidad, que se convertirá en la mayor inmobiliaria del Estado, comprará a muy bajo precio los inmuebles, solares y promociones difíciles de vender para obtener de ellos el máximo beneficio, y lo que se debiera constituir en un parque de vivienda pública acabe convirtiéndose, otra vez, en una nueva fiesta especulativa a costa de traficar de nuevo con el derecho a la vivienda, con la vida de las personas.

Y en cuarto lugar, el Gobierno ha decidido condenar definitivamente a la exclusión social y económica a las cientos de miles de personas deudoras al NO contemplar la dación en pago y su imprescindible alcance retroactivo.

Es este Decreto Ley un nuevo parche como el fracasado código Guindos de buenas prácticas de los bancos. No se incluyen  medidas urgentes ante la injusta Ley Hipotecaria, que permite desalojos forzosos sin alternativa habitacional, deudas perpetuas, cláusulas abusivas, intereses usureros, dobles tasaciones y la inexistencia del derecho a la tutela judicial efectiva según el Tribunal de Justicia de la UE. Para la UE la ley hipotecaria española es ilegal.

EL GOBIERNO HA PUESTO EN EL PAPEL LAS MEDIDAS DICTADAS POR LA BANCA Y LOS ESPECULADORES, esos mismos que están perpetrando el mayor robo de la Historia y están llevando al país a niveles de mediados del siglo pasado.

Ha tenido que morir gente para hacer este paripé.

Para acabar, aunque se quedan muchísimos argumentos en el tintero, en la moción  se propone la creación de una COMISIÓN ESPECIAL MIXTA en la que participen representantes del Pleno Municipal, de la PAH de Callosa, de asociaciones vecinales y ciudadanas y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática, como Cáritas y la Cruz Roja. El objetivo principal de esta comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos, y en los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

Solicito la aprobación de esta moción a este Pleno.

Resultado de la votación: 

Sí : 1, IU

No: 11, PP

Abstencion: 4, PSOE