Javier Pérez deja la política tras ratificar la Audiencia su inhabilitación por 3 años

El exregidor se ve obligado a renunciar al acta de edil tras confirmarse su condena por un delito de negociaciones prohibidas, ya que compaginó la Alcaldía con la construcción 

El exalcalde reitera que los hechos son un asunto administrativo y no de corrupción.

El exregidor de Callosa de Segura, Javier Pérez, se ha visto obligado a dejar la política tras 26 años ocupando diversos cargos. La Audiencia Provincial ha ratificado su condena a tres años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas por haber sido constructor cuando era alcalde y haber solicitado licencias urbanísticas al Ayuntamiento que él mismo presidía. Pérez registró ayer su dimisión como concejal del grupo de no adscritos, al que quedó relegado cuando fue expulsado del Partido Popular (PP).

Durante el último año Javier Pérez ha estado prácticamente apartado de la política local. Fue en junio de 2016 cuando el juzgado de lo Penal 3 de Orihuela falló en su contra, condenándolo a tres años de inhabilitación. Pérez era entonces portavoz de la oposición del grupo popular, del que fue apartado. Convencido de su inocencia, interpuso un recurso contra esa sentencia y quedó por voluntad propia en un discreto segundo plano. Esperó durante 13 meses, hasta ayer, cuando anunció que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante tampoco le ha dado la razón. Esa sentencia de apelación es firme y ya no cabe ningún tipo de recurso. El fallo supone pues un jaque mate a su carrera política, al menos hasta que pasen tres años.

El fallo recoge que aunque Javier Pérez delegó las competencias de Urbanismo en un concejal (Paco Rodríguez) éste «tenía la facultad de revocar en cualquier momento dicha delegación, por lo que mantenía las competencias originarias y el poder de control de las mismas».

Para Pérez, esta condena «no tiene que ver con corrupción ni nada que se le parezca». «Si esas licencias las hubiera pedido mi mujer o mi socio, o si yo hubiera pedido al Pleno la compatibilidad esto no hubiera pasado. En toda caso se trata de un delito administrativo», defendió ayer.

El exregidor dijo que acata la sentencia pero eso no quiere decir que la comparta. De hecho, cargó las tintas contra el Ministerio Fiscal, contra la jueza que emitió el fallo, contra el que era su partido -por haberlo expulsado de forma «ilegal»- y contra sus entonces compañeros de grupo, quienes considera que no dieron la cara por él.

«Cacería política»

Según valoró el exalcalde, hace más de 10 años que el fiscal de Orihuela inició una «cacería política» contra su persona, tiempo durante el cual ha sentido «un acoso perpetuo y perenne». Ahora «ya ha conseguido uno de sus objetivos», prosiguió ayer, en relación a su renuncia al acta de edil.

Estimó igualmente que la jueza lo condenó en base a una jurisprudencia que fue derogada por el Tribunal Supremo y que la magistrada «mintió en el auto y dijo cosas que no son exactas y que en el juicio no se dijeron» como se refleja en ese documento. Reiteró que a la hora de solicitar esas licencias siguió los trámites como cualquier ciudadano y no obtuvo ningún trato de favor.

Como resultado de esa sentencia del juzgado de lo Penal, el Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano acordó su expulsión pero eso es algo que se hizo «de forma ilegal» y Pérez presentó un recurso ante ese mismo Comité pero en clave nacional, que le dio la razón. Sin embargo, siempre según su versión, el PPCV nunca cumplió ese dictamen y no lo readmitió en el partido.

Por último, explicó que cuando el 26 de junio el secretario general del PP alicantino, Eduardo Dolón, presentó en el Ayuntamiento de Callosa un escrito notificado su expulsión del grupo municipal, también se hizo de forma «ilegal» ya que éste «no tenía competencias para ello». Según él, esa facultad para echarlo sólo la tenía el propio grupo y sin embargo, los que eran sus compañeros, «dieron la callada por respuesta». Y eso fue quizá lo que más le dolió. No obstante ayer les quiso lanzar un mensaje final y les recordó un refrán: «quien a hierro mata, a hierro muere».

A pesar de todo ello, Pérez consideró que los estatutos del PP sólo hablan de echar a los afiliados que hayan sido condenados por delitos dolosos «que se cometen con conciencia» y estimó que no es su caso, por lo que presentará un nuevo recurso y pedirá la readmisión en el partido. Mientras tanto, seguirá al frente de sus negocios y, al menos hasta julio de 2020, no podrá volver a ocupar cargos públicos.

Vía: Diario Información